SOBRESUELDOS Y FUNCIONARIOS "CARADURAS" DE KIRCHNER

QUIEN PUEDE ARROJAR LA PRIMERA PIEDRA

Si hemos de hablar de sobresueldos, un menemista de la primera hora se reía; Si medio gobierno tiene funcionarios que cobraron sobresueldos desde las sospechas de Balza, pasando por Cristina Fernández Wilheim de Kirchner … y Alberto Fernández….El único que no estaría pegado, sería Lavagna …y por allí algún otro, pero el resto… -Que parezca un accidente-

Por supuesto esto es usado para sacar del tapete el tema de Malvinas y la pérdida de Soberanía, el "dibujo de la inflación" y la caída de la imagen del gobierno en mas de 11 %, a pesar de los medios y del dinero que bajan en publicidad oficial y a propósito del tema de SW, son todos inocentes en particular los funcionarios del Gobierno de Kirchner… ¿Es cierto que Jaime le cuidaba al Hijo extramatrimonial a Kirchner?.

Pero también, no sólo hablemos de sobresueldos, sino de sobres de la Secretaria de Inteligencia para varios…

Lo que continúa, son informes o si lo prefiere versiones de los servicios de inteligencia sobre los sobresueldos, y por supuesto la Nota de Felipe Cavallo de este Domingo y el Decreto…

Pero antes de continuar, tenemos que hacer la salvedad de algunos temas, como ser "Una de las cosas que se le achacan a algunos menemistas es "abandonar a los caídos" y se entiende luego, las palabras de Maria Julia o si lo prefiere, el escándalo que nació con Sarlena por no pagar los 100 mil pesos (dólares en esa época) de fianza… Cayeron todos presos…

VERSION 1

Usted sabe que estuve recorriendo los tribunales Federales de Comodoro Alférez Py 2002, y me enteré que, en estos días, hay un tema que concita la atención de muchos, que es el pago de los famosos sobresueldos. Pero nadie se rasga las vestiduras por lo ocurrido sino que, por el contrario, existe mucha preocupación porque el destape de lo ocurrido en la década de los 90 se extienda al ámbito de los magistrados federales.

Así, me pude enterar que algunos Jueces Federales en la época del menemismo cobraban también sumas siderales. La creencia entre ellos estaba en que los que integraban el grupo de la "Cadena de la felicidad", recibían sobresueldos entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales. Pero Usted no sabe el revuelo que se armó entre algunos magistrados, cuando trascendió que, por ejemplo, quien más cobraba era el próximamente destituido Juan José Galeano, una suma cercana a los 40.000 dólares mensuales, merced a la excelente relación que en ese entonces mantenía con el jefe de los espías, Hugo Anzorreguy.

No le quiero ni contar cuando algunos de sus colegas se enteraron de esta suma. Las cosas que dijeron de Galeano y algunos que hasta hace poco lo defendían, ahora desean que sea destituido y hasta que vaya a prisión.

Ese mismo Juez nos comentó que en el juicio de divorcio de Galeano, su anterior esposa le solicitó que al fijarse la cuota alimentaria, se tuviera en cuenta el sobresueldo que el Juez cobraba. Realmente a este hombre ya no le queda ni la vergüenza.

Parece que el Consejo de la Magistratura decidió ponerse las pilas en el juicio político. ¿Se acuerdan de esas disparatadas medidas de prueba que pedía, exhortos a todo el mundo? En fin, bueno, el Consejo las acaba de rechazar en casi su totalidad, las medidas que buscaban solamente ganar tiempo y lo intimó a que precise el objetivo de algunas medidas.

También averiguamos, respecto del Juez Claudio "Vladimiro" Bonadío, que está sumamente nervioso por cuanto se ve venir que la Cámara del crimen va a hacer lugar a su recusación y le va a quitar la causa en que se investigan los delitos cometidos por la trouppe de Galeano, Anzorreguy, Corach, Mullen, Barbaccia y compañía, y esto lo tiene sumido en una crisis de nervios. El Juez no quiere largar esa causa bajo ningún aspecto. Nos enteramos que se encuentra pensando día y noche algún artilugio o estrategia para lograr quedarse con la misma, pero como Don Vladimiro Bonadío es impredecible, no sabemos con que podrá salir. Nada bueno seguro, y más si lo asesora el ex Comisario Jorge "El Fino" Palacios, cuya salida de la policía no se caracterizó por ser de lo más decorosa.

Y ya que hablamos del dúo Mullen y Barbaccia, un Juez que suele estar bien informado nos dijo que, ahora que están en la actividad privada, están blanqueando todos los fondos reservados que ingresaron a sus arcas, y con los cuales fue comprada su complicidad en la maniobra urdida para imputar a los policías bonaerenses en la causa AMIA.

¿Quiere más de los fiscales? Se dice que uno de ellos, muy encumbrado y que siempre se candidatea para procurador general, y que suele veranear en Pinamar y esquiar en Bariloche, era el encargado de distribuir algunos sobres con abundantes dólares en la época de oro. ¿Si se enterara su mentor Andrés Dalesio, a quien convenció para ascender, que era un muchacho que, en épocas de Alfonsín, simpatizaba con la coordinadora?

También se rumoreaba que Alejandro Rúa, nuestro conocido filatrador de información Alejandro Rúa, está más que contento por el acuerdo económico espurio al que habría arribado con un grupo vinculado a la causa AMIA, hecho que llegó a oídos y que está poniendo muy nervioso al Ministro de Justicia, Horacio Rossati, tema sobre el cual volveremos en otros informes.

Y no podíamos irnos de tribunales, sin tener algún dato de la Fiscal María Gabriela Ruiz Morales, nuestra conocida "Marucha" y su lacayo César Cabrera, cuya influencia sobre Ruiz Morales es cada vez más comentada en Tribunales, producto de las "pastillas", y no precisamente de menta, que le suministra, que la tienen prácticamente dopada durante todo el día. Se la ve temblorosa a la Fiscal, apenas si puede mantenerse en pie. Y ese cansancio no obedece, precisamente, a las largas sesiones de encierro que ambos mantienen en un conocido hotel de Puerto Madero, donde suelen ingresar y retirarse por separado para no llamar la atención de ocasionales conocidos.

Bueno, parece que la Doctora Servini de Cubría se tomó muy en serio la denuncia del administrador de aduanas, Ricardo Echegaray, quien la denunció, por lo que el futuro de la linda parejita de Marucha y Cabrera no sea de lo más auspicioso.

VERSION 2

A mediados del año 1994, José Luis Losada López reemplazó como Director de Finanzas de la Secretaría de Inteligencia de Estado al fallecido contador Benedetto, y José Domingo Allevato consolidaba su manejo total del área financiera del organismo. Simultáneamente, Alejandro Mac Farlanne dejó su puesto privilegiado de Secretario Privado de Hugo Anzorreguy, tales funciones pasaron también a ser cumplidas por Allevato además de mantener su cargo de Director de Asuntos Jurídicos. Formalmente el cargo de Mac Farlanne lo ocupó Joaquín Alonso, vinculado a Raúl Granillo Ocampo y a todo el entorno de Alfredo Yabrán. Alonso, ya recibía aportes dinerarios y hasta utilizaba un teléfono celular provisto y pago por la SIDE, tema sobre el cual nos extenderemos más adelante. Esta movida generó que los "ilustres visitantes" que concurrían a retirar "el sobre" los fines de cada mes, pasaran a dirigirse al quinto piso de 25 de Mayo 11, en vez de al noveno como lo venían haciendo hasta ese momento, ya que ahora "la caja" la tenía Allevato. Este dato no pasó desapercibido para los "locutores de radio pasillo", que rápidamente registraron el dato y comenzaron a hablar de la nueva sociedad Allevato - Losada López.

Era obvio que la presencia de caras ilustres coincidentemente con los últimos o primeros días de cada mes, despertaban suspicacias sobre el verdadero motivo de sus visitas a la SIDE. ¿Qué tenía que hacer, por ejemplo, el Soldado Chamamé en la oficina del Director de Finanzas, a la cual concurría regularmente, mes a mes? Se comentaba que era el encargado de animar las fiestas menemistas con sus chistes. ¿Actuaría además como encargado de levantar el ánimo de otros funcionarios que se encontraran "bajoneados" antes las presiones de sus cargos? Parece que el motivo era otro. El conocido contador de chistes no fue debidamente anoticiado acerca del cambio de piso de la "ventanilla de pago", así que se presentó como todos los meses a recibir su dinero. Al no poder ubicar a Losada López, le preguntó directamente a un empleado de la Dirección de Finanzas, "Señor ¿me puede decir dónde entregan los sobres, ese que nos dan todos los meses?". Luego pasó por el quinto piso y desde allí se dirigió a almorzar al casino que el organismo "inteligente" tiene instalado en el subsuelo de la calle 25 de Mayo, y en el cual almuerzan sus agentes. Convencido de que la repartija era algo común, comentó a sus interlocutores su sorpresa por el "cambio de piso para retirar el sobre", ante la mirada atónita de aquellos que evidentemente el único sobre que veían era el de su sueldo a fin de mes. Otra conocida figura, pero esta vez del deporte, que animaba las charlas de los espías entre locros y empanadas era el ex campeón mundial Nicolino Loche, que por su origen mendocino había conseguido una ayudita económica que se canalizaba a través de la SIDE. Como verán, había para todos los gustos. Según dichos del propio Chamamé, mensualmente se le entregaban 3 mil pesos, nada mal para contar cuentos.

La SIDE se había convertido en un verdadero conventillo: sus créditos presupuestarios crecían año tras año, los sueldos de sus agentes permanecían congelados, los proveedores registraban cada vez mas atrasos en los pagos de sus acreencias a pesar de que el dinero era girado puntualmente por la Secretaría de Hacienda, y Losada López pregonaba a los cuatro vientos que no "había un mango". El clima interno se hizo insostenible y generó un nuevo reacomodamiento de las operaciones de pagos ilegales, con tres protagonistas principales. Allevato, que seguía disponiendo a gusto y placer de los fondos, escondiéndose detrás de las actas de Operaciones Especiales que por una módica suma mensual confeccionaba Losada López; el mismo Losada López que mensualmente salía de sus oficinas acompañado por su chofer, Ariel Fernández primero y un señor de apellido Moreno, luego, y se dirigía a las oficinas de Emir Yoma como comentó y detalló en un reportaje que le otorgó a la revista Noticias la fallecida Lourdes Di Natale, y un tercer y misterioso personaje que se hacía llamar "el arquitecto Ramos", cuyo verdadero apellido sería Rossi, que retiraba una valija con 4 millones de pesos por mes con destino desconocido. Para calmar las aguas internamente, Anzorreguy autorizó que se empezaran a pagar horas extras encubiertas bajo el rubro Operativos, a los agentes de la SIDE que cumplieran tareas fuera de sus horarios habituales de trabajo. Por ejemplo, el personal de maestranza afectado a la limpieza de las instalaciones del organismo, comenzó a percibir las mismas, que el señor Losada López rendía bajo el concepto "Operativo Escoba". ¿Original, no? Aparece aquí un nuevo jugador: Ricardo Abdón Díaz Luján, Subsecretario de Logística, y responsable del mantenimiento de la infraestructura de la SIDE por aquel entonces. Díaz Luján retiraba mensualmente de la Dirección de Finanzas la suma de 300 mil pesos, que teóricamente eran utilizados para distintas refacciones que se llevaban a cabo en dependencias de la institución, cuyos proveedores eran elegidos directamente a dedo, y se desconocía si la totalidad de los fondos eran aplicados a dichos fines o parte de ellos se blanqueaban por este procedimiento y se redireccionaban hacia otros lugares. Era sumamente extraño la utilización de este procedimiento cuando existía un reglamento puntual para compras y contrataciones, basado en las normas de la Ley de Contabilidad Pública y el Reglamento de Contrataciones del Estado, que se denominaba Reglamento de Aprovisionamiento de Bienes de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que se ignoraba sistemáticamente. ¿Utilizaba Díaz Luján este procedimiento irregular para hacer desaparecer fondos y cambiarles su destino? ¿Porqué las inversiones que realizaba se rendía con actas secretas cuando en realidad se trataba de bienes de uso común en cualquier oficina o dependencia pública? Muchos interrogantes, aumentados por una sospechosa muerte, la de la Arquitecta Teresa Toledo, una de las directoras de las obras que hacía Díaz Luján, que se arrojó desde un alto piso de las oficinas que la SIDE tiene sobre la Avenida Leandro N. Alem.

Díaz Luján, como mencionamos hombre de confianza de Eduardo Menem y hoy próspero empresario de la provincia de La Rioja, situación que le valió el apodo de "El aceitunero", estaba fuertemente emparentado con Raúl Granillo Ocampo, y justamente este parentesco esta resaltado en un informe que la Oficina Anticorrupción, cuando era dirigida por Daniel Morín, efectuara acerca del destino de los fondos reservados dispuestos entre los años 1993 y 2003, por distintos organismos. Justamente el informe, que fue adjuntado a todas las causas que se tramitan en el fuero federal de la Capital Federal y que involucran a la SIDE, en algunas de las cuales la Oficina Anticorrupción ha sido aceptada como querellante, destaca que está probado que una persona muy allegada al ex Ministro Raúl Granillo Ocampo, ingresaba mensualmente a la Secretaría de Inteligencia y se dirigía a entrevistarse con el nombrado Díaz Luján. Luego se trasladaba a las oficinas del señor José Luis Losada López, por lo que, dado la coincidencia de sus visitas con los últimos y primeros días de cada mes, y las funciones de Losada López, se sospecha fuertemente que el motivo de su visita era retirar dinero.

Llegado a este punto, queremos hacer un paréntesis, y recordar algunas cosas. Nosotros dijimos que esta causa sigue el camino de la de los sobornos en el Senado de la Nación: contradicciones entre sus protagonistas, una "aparente intensa actividad procesal" caracterizada por citaciones, declaraciones rimbombantes, etc, pero totalmente intrascendentes para llegar a la verdad. ¿Tenía usted idea de la existencia de todos estos personajes tan importantes y cuyos testimonios son imprescindibles para llegar al fondo de la investigación? Seguramente que no, pero ¿piensa que nosotros somos los únicos que los conocemos? No, hay muchas personas que conocen esta historia porque la han vivido y lo que más los extraña es que no están mencionados en ningún medio y no está en los planes de los investigadores judiciales, llamarlos a declarar. Allevato, Losada López, Díaz Luján, una tríada cuya presencia en los estrados judiciales resulta imprescindible, pero que hasta ahora gozan de una protección política que los mantiene invulnerables a jueces y fiscales. ¿Quién les da dicha protección? Y, seguramente, los mismos que recibieron dinero de sus manos.

NOTA DE CAVALLO

SIEMBRAN CONFUSION PARA COSECHAR IMPUNIDAD
Por Domingo Cavallo
La discusión mediática sobre los denominados "sobresueldos" es fruto de una operación destinada a que quede sin castigo el enriquecimiento ilícito de quienes habiendo pasado por la función pública no puedan justificar su patrimonio. Pretenden beneficiarse de esta confusión tanto funcionarios de los gobiernos del pasado como del presente.
El argumento defensivo que se pretende validar es simple: cuando ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, el acusado que no pueda explicar un aumento substancial de su patrimonio, argumentará que por la ley secreta 18.302 recibió "sobresueldos" de la magnitud suficiente como para justificar aquel aumento. Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito.
La confusión se siembra argumentando que yo, como Ministro de Economía, informé al Gabinete Nacional en 1992 que los funcionarios debían declarar los "sobresueldos" a la Dirección General Impositiva. De esta forma se pretende legalizar los "sobresueldos de hasta 100 mil pesos mensuales" (sic) de cuya existencia generalizada ya se ha convencido a la opinión pública.
Para comenzar a despejar la confusión y para que los delincuentes no se salgan con la suya, debo aclarar desde el vamos que los "reintegros de gastos protocolares" se limitaron a cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros, 5.700 para los secretarios y 4.900 para los subsecretarios.
Todos los funcionarios que concurrían a las reuniones de Gabinete Nacional, saben que al poco tiempo de asumir como Ministro de Economía propuse instituir el régimen transparente que finalmente fue plasmado en el Decreto 838 de 1994 [Ver Decreto] . Sin embargo predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el Presidente decidió que se pagaran en forma secreta. Recuerdo que tanto los asesores legales de los órganos responsables de administrar los fondos de la ley secreta 18302 como la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro opinaron que ese encuadre legal era posible.
Yo sostuve que el mínimo ingrediente de transparencia aceptable era la obligación de incorporar el reintegro de gastos protocolares en la declaración de impuestos de cada funcionario. Este sistema funcionó desde 1991 hasta la sanción en 1994 del Decreto 838, que cambió el origen presupuestario de los reintegros por gastos protocolares y le quitó el carácter secreto, aunque mantuvo los montos que se habían abonado mensualmente en el período anterior.
Es claro que los funcionarios que recibieron dinero por fuera del sistema legal vigente cometieron delitos y deben ser juzgados, pero no aquellos funcionarios que recibieron una retribución por su trabajo, y un reintegro de gastos vinculado con su función, dentro del marco legal y lo incluyeron correctamente en sus declaraciones juradas de impuestos. En materia de legalidad, así lo entendió la justicia que me sobreseyó en forma definitiva en una acusación de enriquecimiento ilícito que me hicieron en 1995.
Esta acusación fue promovida por quienes se sentían molestos con mi lucha contra las mafias. La Jueza Servini de Cubria, me sobreseyó en el año 2004. Es decir que la declaración de los reintegros de gastos protocolares que yo incluí en mis declaraciones juradas anuales, en conjunto con todos mis otros ingresos, fueron tomadas como justificaciones legítimas de mis variaciones patrimoniales entre 1988 y el año 2003.
La discusión pública de esta cuestión de los reintegros de gastos protocolares, que por entonces los medios también denominaban "sobresueldos", fue muy intensa en 1993 y 1994, pero quedo totalmente saldada con la publicación del decreto 838 de 1994, que introdujo total transparencia en el mecanismo de contabilización y pago de los mal llamados "sobresueldos". Para entender porqué se ha reabierto luego de más de una década, resultan muy útiles las declaraciones de Aníbal Fernández.
El Ministro del Interior acaba de afirmar que seguramente no habrá sanción legal para los que pagaron "sobresueldos", porque la ley secreta permitía el uso discrecional de los recursos por parte de quienes debían administrarlos. Pero preanuncia que habrá una "enorme sanción moral" para los que los cobraron. Y tal como se ha montado la discusión mediática, se pretende que los destinatarios de esa "enorme sanción moral" seamos los que cobramos reintegros de gastos no mayores a 6.500 pesos mensuales, mientras se nos mezcla con los que ahora dicen haber cobrado 50 mil pesos mensuales para aumentar significativamente su patrimonio no declarado ante la DGI.
En otros términos, han metido en la misma bolsa a todos los funcionarios honestos que recibieron una retribución por su trabajo y un reconocimiento de gastos razonables vinculados con su gestión, con los que no pueden justificar incrementos patrimoniales millonarios y recurren a los gastos reservados como explicación de lo inexplicable. No me sorprende que a algunos funcionarios les interese esta vía de indemnidad, pero me parece una actitud repudiable desde todo punto de vista. No debe permitirse que los delitos queden sin castigo y mucho menos que quienes hemos actuado con honestidad recibamos la "enorme sanción moral" a la que alude el Ministro del Interior.
La Justicia, si realmente existe, debe investigar todas las denuncias de enriquecimiento ilícito. En mi caso, el juicio se prolongó por 9 años y se pidieron informes a varios países a partir de pruebas demostradamente falsas. Finalmente debieron sobreseerme y decir burocráticamente que quedó a salvo "mi buen nombre y honor", después que utilizaron cientos de páginas de diario y miles de minutos de radio y televisión para hacerme aparecer como corrupto. Pero yo acepté la investigación como una carga ineludiblemente asociada a mi servicio público. Todos los funcionarios tienen que estar dispuestos a admitir que se los investigue, aunque deseo que no hagan con los demás lo que hicieron conmigo en términos de uso injusto de la mentira y la difamación pública.
La Justicia también debe investigar la malversación de gastos reservados. Pero si quieren hacerlo seriamente, en lugar de tratar de "redescubrir" con 10 años de atraso el mecanismo de reintegros de gastos protocolares que rigió entre 1991 y 1994 y que fue discutido, criticado y cambiado para dotarlo de total transparencia, se debería analizar el financiamiento de las campañas electorales, no sólo durante la gestión del Dr. Menem, sino también la del Dr. Alfonsín y la del Dr. Duhalde, ninguna de las cuales está libre de sospechas.
Lamentablemente, por la forma como se ha planteado en las últimas semanas, la discusión sobre los gastos reservados no parece estar orientada a que se investiguen seriamente y se castiguen los delitos de malversación de fondos e enriquecimiento ilícito. Me citan a mí como imputado cuando he sido sobreseído en una causa anterior por enriquecimiento ilícito y como Ministro de economía nunca tuve a mi cargo partida alguna de gastos reservados. Pareciera más bien que se trata de una nueva cortina de humo, como ocurrió ya otras veces Pero me suena que hay un objetivo aún más detestable: transformar en chivos expiatorios y someter a un "enorme castigo moral" a funcionarios honestos en aras de conseguir impunidad para los delincuentes.

DECRETO:

DECRETO 838/1994

REMUNERACIONES BASICAS DE LAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

BUENOS AIRES, 27 de Mayo de 1994. BOLETIN OFICIAL, 31 de Mayo de 1994

EFECTO ACTIVO: MODIFICA Decreto Nacional 736/92; DEROGA Decreto Nacional 800/90.

EFECTO PASIVO: OBSERVADO POR Decreto Nacional 838/95

Que por dicho artículo se fijaron las remuneraciones de las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a partir del 1 de marzo de 1991, que a la fecha resultan vigentes para tales funcionarios.

Que a través de distintas normativas se han autorizado incrementos salariales sectoriales y fundamentalmente, mediante el Decreto N.993 del 27 de mayo de 1991, sus modificatorios y complementarios se ha instaurado el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA) que estableció un nuevo ordenamiento escalafonario para el personal que se encontraba comprendido en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública nacional aprobado por el Decreto N. 1.428/73.

Que, asimismo, en la necesidad de jerarquizar las funciones gravitantes de la Administración Pública Nacional, se ha instaurado el régimen de Cargos con funciones ejecutivas en la órbita del SINAPA, como así también, el régimen de Funciones Directivas para las máximas autoridades de los Organismos del Estado.

Que en virtud de todo ello se hace imprescindible contemplar la actualización de las remuneraciones de las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a los efectos que las mismas sean consecuentes con un ordenamiento jerárquico razonable.

Que al mismo tiempo, y con iguales argumentos es dable adecuar los niveles de valorización de los Asesores de Gabinete y del personal afectado a las Sub-unidades de Secretaría Privada.

Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 86, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Art. 1: Fíjase, en los importes que se indican en el Anexo I, que forma parte integrante del presente decreto, el Sueldo Básico de las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que tendrá el carácter de remuneración total.

Art. 2: Facúltase a los Ministros del PODER EJECUTIVO NACIONAL para asignar un importe mensual a las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL de sus respectivas jurisdicciones, con excepción del Presidente y Vicepresidente de la Nación, en concepto de reintegro de gastos para afrontar los gastos protocolares que la función les requiera. Asimismo, facúltase al Secretario General de la PRESIDENCIA DE LA NACION para aplicar igual metodología que la determinada en el párrafo anterior, en el caso de los Secretarios y Subsecretarios dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACION. Los montos que se fijen se liquidarán sin el requisito de la rendición de cuentas y no integrarán la remuneración mensual de los funcionarios a quienes les asignen los mismos.

Art. 3: Agrégase al Clasificador por Objeto del Gasto, aprobado por Decreto N. 866 del 28 de mayo de 1992 y su modificatorio, dentro del Inciso 3 -Servicios no personales, Partida Principal 39- Otros Servicios, la Partida Parcial 394 -Gastos Protocolares, con cargo a la cual las distintas jurisdicciones deberán imputar el gasto emergente de lo dispuesto en el artículo anterior, en el marco de lo establecido por el Artículo 6 del Decreto N. 502 del 8 de abril de 1994.

Art. 4: Modifícase, en el artículo 1 del Decreto N. 736 del 29 de abril de 1992, el nivel de la valorización de los cargos involucrados, fijándolo en el nivel A-8 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA que establece el Decreto N. 1.669 del 9 de agosto de 1993.

Art. 5: Modifícase, en el artículo 2 del Decreto N. 736/92, el nivel de la valorización de los cargos involucrados, fijándolo en el nivel B-3 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA que establece el Decreto N. 1.669/93.

Art. 6: Derógase el artículo 8 del Decreto N. 800 del 26 de abril de 1990.

Art. 7: Las disposiciones del presente decreto tendrán vigencia a partir del 1 del mes siguiente a la fecha del mismo.

Art. 8: La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el organismo de interpretación con facultades para aclarar las normas del presente decreto, en los temas específicos sobre los que le acuerda competencia la Ley 18.753.

Art. 9: Los gastos emergentes de la aplicación de las disposiciones del presente decreto serán imputados a los créditos asignados a las partidas específicas del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, vigentes.

Art. 10: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

FIRMANTES MENEM-CARO FIGUEROA

ANEXO I SUELDO BASICO - AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

CARGO SUELDO BASICO

PRESIDENTE DE LA NACION 6.000

VICEPRESIDENTE DE LA NACION 5.800

MINISTRO 5.400

SECRETARIO 5.200

SUBSECRETARIO 5.000

NOTA DE ZLOTOGWIAZDA

Nota realizada por Marcelo Zlotogwiazda.
Diario Pagina 12, publicado el 18 de Febrero de 1993.

Domingo Cavallo admitió ayer que, además de lo que figura en los recibos de sueldos, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo cobran "compensación de gastos" y otro dinero que proviene de la "partida de gastos reservados del Presupuesto Nacional". De esa manera, el Ministro de Economía se convirtió en el primero de los funcionarios que confirman públicamente-sin escudarse en el off the record ni amparándose en argumentos legalistas-lo adelantado en exclusiva por Página/12. El domingo pasado este diario reveló que el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Bauzá, reparte mensualmente sobresueldos que en el caso de los ministros asciende a 4000 pesos, para los secretarios a 3500 y para los subsecretarios a 3000.

El tema de las remuneración de los funcionarios jerárquicos consumió cuatro de las preguntas que le hicieron ayer al ministro durante la conferencia de prensa con "agenda abierta" que brindó ayer a la tarde en la Casa Rosada (ver otras notas)
- ¿No sería más transparente y saludable que el gobierno blanqueara los sobresueldos incorporando esa remuneración extra en los recibos? - preguntó Página/12.
- Todo lo que reciben los funcionarios figuran en los registros previstos en las normas en vigencia - fue la contestación de Cavallo.

En efecto, desde comienzos de 1992 el pago de sobresueldos respeta las "normas en vigencia" porque el dinero para esas erogaciones surge de la partida de gastos reservados del Presupuesto Nacional. Hasta ese momento esas remuneraciones adicionales se pagaban de manera ilegal, lo que impedía a los funcionarios incluir ese ingreso en sus declaraciones juradas de Impuestos a las Ganancias y, por lo tanto, les dificultaba la justificación del nivel de gastos.

No Casualmente, la respuesta que Cavallo le dio a un periodista de la agencia Noticias Argentinas que le había preguntado: "¿Cuál es la necesidad de engañar a la gente y no decirle lo que ganan los funcionarios?", fue que "en mi declaración de Ganancias y en las de todos los funcionarios públicos que conozco está disponible toda esa información". Aunque a renglón seguido dijo que: "ni yo ni otro funcionario habló de sobresueldos", dejó entrever con claridad que el ingreso de los funcionarios no se agota en los 1800 pesos que figuran en el recibo de sueldo de los ministros, ni en los 2750 de cada uno de los 50 secretarios, ni en los 2500 de los 94 subsecretarios.

Por ejemplo, cuando un periodista de Clarín le pidió que explique con claridad cuánto cobran, señaló que " lo que está en los recibos, más las compensaciones por gastos que provienen de los gastos reservados, todas esas cifras - insistió - están en el Presupuesto Nacional".

Considerando la cantidad de funcionarios beneficiados y el monto de los sobresueldos, la erogación anual por este concepto es de 6.357.000 pesos. Ese es el dinero que - según varios testimonios coincidentes - reparte Bauzá (o en algunos casos el secretario Legal y Técnico, Carlos Corach) todos los meses entre el 5 y 10.
- Quiero hablar con Bauzá acerca de los pagos a los funcionarios con fondos reservados - le dijo ayer una periodista de este diario a Enrique Mouján, vocero de Bauzá.
- El no va a decir nada, porque la misma ley que establece los gastos reservados le prohíbe hablar del tema al que los usa.

La declaración de Mouján fue la mejor confirmación posible de que Bauzá quien "usa" ese dinero.

También ha sido Bauzá uno de los que se ha venido oponiendo sistemáticamente a los pedidos de varios funcionarios para que blanqueen los sobresueldos. En una de las reuniones de gabinete nacional de mediados del año pasado, Cavallo y los entonces ministros Antonio Salonia y Rodolfo Díaz, planearon sin éxitos la idea.

Anoche, un integrante del equipo de Gustavo Béliz que pidió el anonimato y no quiso sumarse de manera pública a la ratificación de Cavallo, opinó que "me da por las pelotas que por culpa de algunos se eche un manto de sospecha sobre todos los funcionarios; muchos de nosotros vamos a salir de la función pública más pobres de lo que entramos y no veo la razón por la cual no se pueda blanquear todo el asunto, si en definitiva con todos los ingresos ganamos un sueldo total más bien modesto".

Si bien es cierto que un sueldo conformado de 6000 pesos resulta elevado para la inmensa mayoría de los asalariados, es muy inferior a lo que ganan ejecutivos de empresas privadas con menor responsabilidad que la de un ministro o secretario de Estado, e incluso más bajo que los que reciben funcionarios de igual jerarquía de otros países. El caso extremo es Japón, donde el estado recompensa mejor que el sector privado por que pretende contar con el personal más calificado.

Por supuesto aceptamos desmentidas a las versiones publicadas.