SEPRIN

Ahora buscarán a ex represores en la región

Juez Federal declaró inscontitucional leyes de Obediencia Debida y Punto Final

El juez federal de Formosa, Marcos Bruno Quinteros, declaró la inconstitucionalidad de las leyes conocidas como de Punto Final y Obediencia Debida en una causa iniciada en los tribunales formoseños en 1984 sobre la desaparición forzada de personas en la región.

El magistrado está ahora abocado a dar con el paradero de un grupo de personas acusados en la demanda como los autores de hechos que en el fallo fueron calificados como "aberrantes".

En la causa caratulada "Carrillo, Fausto Augusto y otros s/desaparición forzada" -expediente Nº 243/84- del Juzgado Federal de Formosa, a la cual tuvo acceso este portal- el juez Quintero señala que declaró la inconstitucionalidad de las leyes Nº 23.492 y 23.521.

Fuentes judicailes adelantaron que se trata de "dar con el paradero cierto de las personas involucradas para dictar los instrumentos legales para hallarlos y detenerlos".

La causa se inscribe en las averiguaciones judiciales que en distintos juzgados del país y de otros países se abrieron en el marco del denominado Operativo "Condor".

Buscados

En el fallo del juez formoseño involucra a los ex integrantes de las Fuerzas Armadas "Horacio Rafael Domato" y de "Ervino Espada" además de una persona de apellido "Seimberg" quienes están tratando de ser localizadas para luego solicitar su detención en referencia a la causa.

El expediente que se tramita ante el Juzgado Federal de Formosa fue impulsada por el militante de los Derechos Humanos del Paraguay, Martín Almada, quien relató ante el fiscal Omar Danilo Benítez la desaparición del abogado paraguayo Fausto Carrillo en el marco del Operativo "Condor".

Almada relató que un ex capital retirado de la Marina paraguaya le contó que durante la época de la dictadura militar en la Argentina, "dos gendarmes" le solicitaron ingresar al Paraguay "para ejecutar en territorio paraguayo a dos estudiantes argentinos -cuyos nombres no recordaba- y al abogado paraguayo Fausto Carrillo".

El hombre aportó a la Justicia datos sobre que el denominado Nº 2 del Operativo "Condor" en Paraguay.

El denunciante asegura -precisando detalles- que "dos gendarmes solicitaron autorización para hacer pasar y ejecutar en territorio paraguayo a dos estudiantes argentinos y al abogado -de ese país- Fausto Carrillo" logrando su cometido avalados por el General Benito Güanes.

Es a partir de este relato que se sustanció el expediente donde ahora el juez Quinteros realizó un extenso análisis de la normativa legal sobre casos de desaparición de personas llegando a la conclusión que "aquellos que fueron perseguidos y no tuvieron la suerte de exiliarse, eran aprehendidos y sometidos a procedimientos clandestinos asimilados a los juicios llevados a cabo durante la edad media por los inquisidores" se detalla en el expediente.

Para el juez, en la causa "ha quedado acreditado" que durante la dictadura militar "se desarrollaron los sucesos denunciados" y que se produjeron "hechos violatorios al respeto y dignidad de aquellas personas que no comulgaban con el gobierno dictatorial, sometiéndolas a vejámenes de todo tipo e, incluso de muchos aún hoy se desconoce su destino final".

Lesa humanidad

En los considerandos se afirma que "conforme a la normativa internacional, específicamente la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, los hechos relatados constituyen delitos de lesa humanidad, los cuales, conforme ha resuelto la Corte Suprema de Justicia son imprescriptibles, lo que ha llevado al dictado de la Ley 25.779 que prescribe la nulidad de las leyes de impunidad.

El documento está fechado el 24 de Mayo de este año, está rubricado por el Juez Federal Marcos Bruno Quinteros y el secretario Edgar Juvenal Dantiak. Trascendió en la fecha.

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